Idoneidad de la mediación policial en cuanto a la solución de conflictos relacionados con presuntos abusos de precios en los productos y servicios en las playas y zonas insulares de Cartagena de Indias

Abstract

En Colombia con la expedición de la Constitución Política de 1991, se dieron grandes avances en materia normativa, ya que como todos sabemos se pasó de ser un Estado de derecho a un Estado social de derecho, lo que implicaba que “en su organización y funcionamiento, se orienta a buscar la solución a los requerimientos sociales de la población, lo cual se hace en el marco de un conjunto de normas, esto es, el Estado, en su actuar, se rige por el derecho” . En cuanto a la protección al consumidor, desde sus inicios, el ordenamiento jurídico colombiano, se ha preocupado por establecer un conjunto de normas que regulan las relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios. Un ejemplo claro de ello, es el artículo 333 de la Carta Magna, el cual explica que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común, también profundiza en que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades y “El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación” . En ese sentido, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C- 263 del 2011 ha reconocido que “la libre competencia no es un derecho absoluto, esto implica que este derecho tiene límites, que guardan

coherencia con el principio de prevalencia del interés general en el marco de las facultades del Estado para intervenir en la economía en forma proporcionada y razonable a través de la regulación, vigilancia y control” , ese concepto había sido abordado por la misma Corte desde la Sentencia C-398 de 1995, y en Colombia se viene implementado desde el Decreto 2153 de 1992, que en su artículo 44 expone que “la Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo las funciones relacionadas con el cumplimiento de las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas consagradas en la Ley 155 de 1959 y disposiciones complementarias, para lo cual podrá imponer las medidas correspondientes cuando se produzcan actos o acuerdos contrarios a la libre competencia o que constituyan abuso de la posición dominante” es decir, desde esa época se le ha atribuido la obligación de vigilancia y control de estos temas a la SIC, es más, específicamente con el tema que se viene trabajando el artículo 47 a través del numeral uno explica que la SIC tendrá competencia para sancionar a los acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios.

Años más tarde, el tema fue tratado en la Ley 1480 de 2011, la cual busca “proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos” , a través de la delegación de las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la Superintendencia de Industria y Comercio a los alcaldes (artículo 62). Ahora bien, la citada ley, trae consigo una figura muy importante relacionada con los precios, según la cual la información pública de precios se debe suministrar de forma veraz y suficiente a los consumidores sobre el precio de los bienes y servicios que ofrezcan al público. En ese orden de ideas, según las leyes colombianas el precio debe ser informado al consumidor de manera visual y, salvo excepciones puntuales, deberá encontrarse en pesos colombianos.

El estatuto en el artículo 75, indica que las alcaldías integran la Red Nacional de Protección al Consumidor, la cual se encarga de difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país, recibir y dar traslado a la autoridad competente de todas las reclamaciones administrativas que en materia de protección al consumidor se presenten y brindar apoyo y asesoría a las alcaldías municipales para el cumplimiento adecuado de las funciones a ellos otorgadas por la presente ley.

Teniendo claro lo anterior, es importante precisar, que debido a sus hermosos y arquitectónicos paisajes, Cartagena fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984, convirtiéndose en el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, lo anterior, generó desde el punto de vista turístico un gran incremento del número de visitantes, convirtiéndola en un destino muy apetecido a nivel nacional e internacional, sin embargo, debido a la desigualdad social, la pobreza extrema y otros factores, la población se ha visto en la necesidad de acudir al comercio informal en las playas y zonas insulares de la ciudad. Todos estos factores sumados a la falta de control de las autoridades, han generado que hoy en día se cometan presuntos abusos en los precios hacia los turistas y locales, de hecho, es muy normal ver en noticias como la mayoría de los turistas que visitan los hermosos lugares que ofrece la ciudad, sufren presuntos cobros excesivos.